UN JUICIO QUE ES UN ERROR

La causa del Estado contra Mas, Homs, Ortega y Rigau por los hechos acaecidos en Catalunya el 9 de noviembre de 2014 ha provocado una honda y profunda indignación en amplios y mayoritarios sectores de la sociedad civil catalana. La percepción de la sociedad es que el juicio que ha promovido el fiscal general del Estado supone juzgar a los más de dos millones de catalanes que participaron en las votaciones de aquel mes de noviembre y a los miles de voluntarios que hicieron posible aquella jornada, y que se juzga al president Mas, y a sus consellers por entonces, para nada basándose en argumentos jurídicos indiscutibles, sino por el enorme éxito a todos niveles de aquello que inicialmente fue menospreciado por el Gobierno Y buscando atemorizar a los partidarios del derecho a decidir.

Ciertamente, esta causa es un inmenso error político y un evidente abuso del Derecho Penal. Es un error político porque nunca el Derecho Penal ha resuelto ningún problema político. Todo lo contrario. El juicio en sí mismo, y no digamos unas sentencias condenatorias, van a agravar y a dificultar cualquier solución política a una cuestión que es política y que sólo desde la política puede encontrar una respuesta adecuada. Se equivocó el Gobierno en su momento activando la Fiscalía y se equivocan aquellos que jalean en nombre del Estado de Derecho la actuación de una Fiscalía gravemente desacreditada después de haberse sabido que el ministro del Interior afinaba sus actuaciones. La fortaleza del sistema democrático no puede pretender basarse en su capacidad represiva, sino en su inteligencia, aptitud y justicia para convencer a los ciudadanos de la legitimidad de sus leyes. Las leyes son fuertes y se cumplen en la medida en que los ciudadanos las acatan de manera pacífica. Cuando el Estado necesita usar toda su fuerza coercitiva para imponer su marco, la legitimidad de sus decisiones se erosiona y degrada. Y en relación al dosier catalán, la legitimidad del Estado está muy tocada. En España hoy muchos tenemos la convicción de que aquello que es sustantivo es el Estado y que aquello que es adjetivo es que sea de Derecho y Democrático.

El juicio al ‘president’ Mas y sus ‘consellers’ entonces, y no digamos unas sentencias condenatorias, van a agravar y a dificultar cualquier solución política a una cuestión que es política y que sólo desde la política puede encontrar una respuesta adecuada.

Pero es que, además, toda la causa contra el president Mas y sus consellers no tiene un fundamento jurídico sólido, tal y como se puso de manifiesto durante la reciente vista.

En relación a la acusación de prevaricación, un acto de “abierta desobediencia”, tal y como reza la jurisprudencia más clara, “no puede ser, a su vez, considerado como un acto de prevaricación ya que con ello se incurre en un rechazable e inadmisible bis in idem”. O se acusa de prevaricación o se acusa de desobediencia. Pero, sobre todo, y en relación a la acusación de “desobediencia”, existen algo más que dudas que se den los supuestos contemplados en el artículo 410 del Código Penal y en la jurisprudencia existente. En este sentido es imprescindible recordar que para que haya delito debe haber un “requerimiento previo” a cumplir la resolución correspondiente, “directo e individualizado”. Y que esta “orden expresa” sea “desobedecida”. La orden debe ser “abierta, indisimulada”, o sea “grave” y la gravedad se entiende si hay reiteración en la emisión del mandato de que obedezca. Y en relación al 9-N no hay esa reiteración en la desobediencia por diversos y sucesivos requerimientos del Tribunal Constitucional.

Son tantas las dudas que es normal que en su momento la Junta de Fiscales de Catalunya rechazase la idea de la acción penal contra el president Mas y sus consellers, o que el propio fiscal general Torres-Dulce terminase por renunciar en desacuerdo con la decisión del Gobierno.

Si en noviembre de 2014, el Estado dejó pasar la consulta participativa y el sentido de la prudencia y la mesura, o simplemente un error de cálculo, evitaron las escenas grotescas de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impidiendo la apertura de colegios y urnas, hoy una sentencia absolutoria podría ayudar a recuperar la credibilidad del conjunto del sistema español.

Publicat originalment a El Siglo de Europa.

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