DEMOCRACIA PARA CATALUNYA

Apesar de que el sistema mediático y partidista de España intente huir de la cuestión catalana, lo cierto es que sin abordar el pleito catalán el problema político español no tiene solución. De hecho, en esta XI Legislatura fracasada, la cuestión de Catalunya, o mejor dicho, el pánico del sistema de partidos españoles a abordar la agenda de fondo que plantea Catalunya explica en buena parte la incapacidad de alcanzar un acuerdo para elegir un nuevo presidente del Gobierno. A pesar de que en público los líderes políticos del PP, del PSOE y de C’s se mostraban indignados y comprometidos a no pactar con los “secesionistas” y un coro mediático transversal les acompañaba en su gesticulación, lo cierto es que los votos de CDC y ERC eran decisivos para formar Gobierno. Con el concurso activo de convergentes y republicanos algunas mayorías eran posibles, ciertamente. Especialmente, las mayorías que hacían posible el cambio que habían votado la mayoría de los ciudadanos españoles.

Pero incluso más allá de la aritmética parlamentaria, lo que todo el mundo sabe es que la demanda catalana de decidir el futuro político de Catalunya y la aspiración a un nuevo estatus político han llegado para quedarse. Y el peso político, económico, social y cultural de un país como Catalunya no puede ser ignorado permanentemente ni por parte de las instituciones del Estado, ni por la propia sociedad civil española. Durante el tiempo de gobierno de Rajoy, el inmovilismo, la recentralización y la represión judicial no sólo han fracasado, sino que han sido grandes agentes propagandistas de la causa democrática catalana. Se equivocan quienes aspiran, como solución, a volver a la situación previa al año 2010, cuando el Tribunal Constitucional había sentenciado la muerte del nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya y la sociedad catalana empezaba a despertar, pasando de la frustración y la irritación a la propuesta y el proyecto. Los cambios del último quinquenio son de fondo, y han trasformado profundamente el mapa político catalán en la medida en que es la sociedad catalana y sus sectores más activos y politizados los que han cambiado también sus expectativas y miradas en relación al conjunto español. No hay un proyecto de España atractivo y seductor para Catalunya para quienes han desconectado.

Desde esta perspectiva, la cuestión política central durante los próximos meses va a ser cómo las instituciones del Estado van a afrontar el tema catalán. Ciertamente, la recuperación económica y la fractura social, con un desempleo sangrante y un empobrecimiento de amplios sectores de las clases medias, son fundamentales en la agenda española; pero a nadie se le escapa que Catalunya es el principal reto político que tiene enfrente el próximo Gobierno de España. Nadie puede pretender gobernar España seriamente sin una propuesta para Catalunya. Y se requiere una propuesta que no puede diluirse en una discusión sobre la reforma de la Constitución, en la que las cuestiones a abordar son múltiples. Seguro que España necesita actualizar su marco constitucional, pero la cuestión catalana exige un tiempo político diferente.

Desde este punto de vista, habrá que insistir en la propuesta de un referéndum para Catalunya, que goza de toda la legitimidad para convirtiese en la mejor solución a la demanda catalana. Lo es por razones democráticas de fondo y lo es por la legitimidad política que tiene en Catalunya, más allá de los independentistas, la idea de que seamos los catalanes los que podamos decidir nuestro futuro colectivo. Buena parte de quienes defienden un vínculo federal de Catalunya con el conjunto español han hecho suyo el derecho a decidir. Y claro, habría que desarrollar en el marco constitucional la fórmula que permitiese hacer posible esa consulta. Con voluntad política eso es perfectamente posible. Una ley de las Cortes Generales que permitiese a las nacionalidades históricas que tienen reconocido su derecho al autogobierno, porque es previo a la aprobación de la Constitución, a poder ser consultadas sobre su estatus político si una mayoría cualificada de su parlamento así lo plantease, con una pregunta o preguntas acordadas, con la correspondiente exigencia de participación y resultados que obligasen a negociar de buena fe a las instituciones del Estado y, en nuestro caso, a la Generalitat, es una ley posible.

En 1977, y todavía sin la Constitución aprobada, Adolfo Suárez tuvo la audacia y el coraje de reconocer a la Generalitat y facilitar el retorno del president Tarradellas. Entonces se entendió que consolidar el proceso democrático exigía encauzar la demanda catalana reconociendo su derecho al autogobierno. Hoy, resolver el problema español, de nuevo, exige canalizar democráticamente la demanda catalana de poder decidir nuestro futuro.

Publicat originalment a El Siglo de Europa

Fotografia Flickr La Moncloa

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