EL CÓDIGO PENAL COMO VENGANZA

Cuando el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, acusó a los miembros del Govern y la Mesa del Parlament del delito de rebelión debemos denunciar que aquél ha prevaricado de manera manifiesta, al mismo tiempo que recordamos que ese mismo fiscal general fue reprobado  por el Pleno del Congreso de los Diputados

Utilizar la vía penal para hacer frente a la demanda democrática de la sociedad catalana es un error monumental. Pero si además se efectúa una imputación penal desmesurada de determinados delitos, se opta por un ámbito jurisdiccional discutido y discutible, y se impone una medida cautelar extrema, queda meridianamente claro que además la opción penal es injusta y abusiva. Resulta obvio que acusar del delito de rebelión, que contempla el Código Penal desde la reforma de 1995, exige la concurrencia de violencia tal y como ha recordado el que fue ponente socialista en aquella reforma. Si alguna cosa ha caracterizado al movimiento político independentista y a sus dirigentes es la opción inequívoca por la paz y el rechazo más absoluto y categórico a la violencia, en los hechos y en las palabras. Es que no podía ser de otra manera. La paz y el pacifismo han sido y son una vocación de la Catalunya contemporánea. Y lo continuarán siendo.

Ahora, cuando el fiscal general del Estado acusó a los miembros del Govern y la Mesa del Parlament del delito de rebelión debemos denunciar que aquél ha prevaricado de manera manifiesta, al mismo tiempo que recordamos que ese mismo fiscal general fue reprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados. No es menor tampoco la circunstancia de que sea un órgano como la Audiencia Nacional quien hoy ve este asunto. La Audiencia Nacional, un organismo ciertamente excepcional y de constitucionalidad discutible y heredero del antiguo y franquista Tribunal de Orden Público, no puede juzgar este caso. No está en sus competencias. Y, finalmente, el auto de prisión provisional que la juez Lamela dictó contra los consellers del Govern es una aberración que huele a venganza. Si alguna cosa demostraron los consellers que se personaron ante la Audiencia Nacional es que estaban dispuestos a asumir sus responsabilidades. No había riesgo de fuga, no había riesgo de destrucción de pruebas. No había riesgo de que continuasen ejecutando los delitos de los que se les acusa de manera injusta como consellers… La prisión provisional estaba fuera de lugar. Todo ello contrastaba con la decisión tomada por el Tribunal Supremo en relación a la Mesa del Parlament; allí se atendió la demanda de dar una semana más de prórroga a los abogados de los investigados para preparar su defensa.

En cualquier caso, la opción penal y represiva deja un espacio minúsculo a la política. Y la cuestión catalana siempre ha demandado política. Con política queremos y debemos afirmar que frente a un conflicto de la dimensión y la profundidad como el que hay entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado, la solución tan sólo pasa por la voluntad de diálogo, la voluntad de acuerdo y el apoyo de la ciudadanía. Voluntad de diálogo que implica tener claro que la razón se reparte entre las opciones confrontadas; que nadie tiene el monopolio de la verdad. La voluntad de acuerdo implica que la mutua cesión es imprescindible. Sin cesión nunca hay acuerdo. Y el apoyo ciudadano expresa una idea muy sencilla que es que sin el consentimiento ciudadano ampliamente mayoritario no hay solución política posible y sostenida en el tiempo.

La política debe volver. Antes del 21 de diciembre y después del 21 de diciembre. Es responsabilidad de todos.

Publicat originalment a El Siglo de Europa

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