LA FISCALÍA HA AFINADO

El caso del Estado contra Francesc Homs es una nueva y aparatosa expresión de la pé- sima calidad de la democracia española. Es francamente inédito e inaudito que el líder parlamentario de una fuerza política democrática vaya a ser juzgado por el Tribunal Supremo por razones estrictamente políticas.  Más inquietante es cuando el juicio en cuestión va a contribuir a tensar más, si cabe, las relaciones entre la mayoría de la sociedad catalana y las instituciones del Estado, en un momento en el que el sentido común y el buen hacer en política exigirían rehacer los puentes que deben permitir encauzar por la vía política este conflicto.

Hemos afirmado en diversas ocasiones que la cuestión catalana es la cuestión democrática de España. Ciertamente, en el caso del Estado contra Homs, el pulso autoritario del Estado contra los responsables políticos del proceso participativo del 9 de noviembre responde a una determinada idea del poder. Una idea más propia de un Estado autoritario que de una democracia avanzada. Frente a una mayoría amplia, transversal en lo ideológico, plural en lo político, popular en su expresión cotidiana, pacífica en su vocación secular, que reclama que el futuro político de Catalunya responda a aquello que deseen los catalanes, el Estado responde con el Tribunal Constitucional y el Código Penal.

La historia del 9 de noviembre de 2014, por la que se encausa al diputado Homs, es la historia de éxito del acuerdo entre las instituciones catalanas y el bloque más robusto del país para posibilitar un acto democrático en defensa del derecho a decidir de los catalanes. Efectivamente, aquel domingo de noviembre el Estado toleró la celebración de la jornada participativa y estuvo ausente en Catalunya.  Durante 24 horas Catalunya actuó de facto como un país independiente. Los espacios públicos se abrieron, los voluntarios ocuparon sus puestos, más de 2.300.000 ciudadanos de Catalunya fueron a votar, la prensa internacional acreditó lo sucedido y las instituciones del país acompañaron el proceso. Hizo bien el Estado en tolerar aquella jornada. La represión que se debería haber ejercicio para impedir la celebración de la jornada hubiese requerido un uso de la fuerza absolutamente desproporcionado que habría escandalizado al mundo democrático. Pero esa ausencia de represión luego vino acompañada del escarmiento.

La historia del 9 de noviembre de 2014, por el que se encausa al diputado Homs, es la historia de éxito de un acuerdo de país para posibilitar un acto democrático en defensa del derecho a decidir de los catalanes

Todos los procesos contra los responsables del 9-N responden a una lógica tan poco democrática y para nada respetuosa contra los derechos de los ciudadanos como es la dialéctica del escarmiento. Aquellos que en la lógica del Estado han conseguido burlarlo deben ser reprendidos. Se pretende practicar una pedagogía ejemplarizante del miedo y Francesc Homs va a ser la primera víctima. Con ello, además, se va alterar el funcionamiento del Congreso de los Diputados. No es menor, ni mucho menos, que en enero de 2015, cuando Homs era conseller del Govern, el Tribunal  Superior de Justica de Catalunya (TSJC) inadmitiese a trámite una querella por los mismos motivos por los que ahora está imputado, en la línea de los fiscales catalanes. Entonces el TSJC consideró que “no se le pueden atribuir al conseller portavoz todas las actuaciones presuntamente delictivas del Govern”. Y casi un año más tarde, cuando Homs ya era diputado a Cortes y lideraba el grupo de diputados de CDC en el Congreso, la Fiscalía decidió querellarse contra él por los mismos hechos por los que el TSJC decidió no actuar. Realmente, alguien del Gobierno afinó entonces la actuación del fiscal.

El disparate del Gobierno es mayúsculo. Ni el escarmiento ni la actuación penal nunca han resuelto ningún conflicto político. Homs será juzgado y condenado, pero la causa democrática que él defendió como conseller y diputado seguirá más fuerte, más tenaz, más serena.

Publicat originalment a El Siglo de Europa.

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