LAS QUERELLAS PENALES SON INJUSTAS Y UN ERROR POLÍTICO

El 1 de octubre, la violencia que horrorizó a Europa vino de las fuerzas de seguridad del Estado, no vino de quienes reivindicaban las urnas. Pretender imputar sedición y rebelión al pacifismo del movimiento soberanista catalán es una patada a la democracia

La judicialización penal de la demanda democrática de las instituciones  y de buena parte  de la sociedad catalana ha sido un error colosal del Gobierno de Rajoy; un error que ha tenido el apoyo entusiasta de Ciudadanos, que ha actuado como ariete del españolismo, y de un Pedro Sánchez, de bajo perfil , que ha brindado también su sostén a esa opción gubernamental.

De entrada, las querellas penales han sido un acto injusto y desproporcionado. Injusto en la medida que las decisiones políticas que tomaron los miembros del Govern de Catalunya, los líderes de los partidos soberanistas, los alcaldes catalanes y los responsables de las organizaciones municipalistas respondían, durante estos últimos meses, al mandato democrático surgido de las urnas en septiembre de 2015. En las elecciones de 2015, la coalición ganadora (Junts pel Sí) concurrió con un programa independentista bien transparente. Y se propuso aplicarlo. Podemos discutir y valorar si el resultado electoral legitimó de manera suficiente ese programa electoral. Soy de la opinión de que no, en la línea de lo expresado por el cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, en la misma  noche electoral de septiembre del 15. Hubo un mal cálculo de las propias fuerzas y una no asunción de determinados límites de la vida democrática de una sociedad plural. Pero de ahí a organizar una ofensiva penal que buscaba descabezar al grupo dirigente soberanista, sembrar el temor en las filas independentistas y escarmentar a cualquiera que pretendiese efectivamente alcanzar la independencia de Catalunya, hay un trecho que marca la diferencia entre un Estado con cultura democrática que tiene capacidad de ofrecer soluciones y salidas políticas a las demandas aparentemente imposibles de amplios sectores sociales, y un Estado que no ha dejado de superar la cultura autoritaria del franquismo, la represión y la violencia. El Gobierno tenía alternativas. Por ejemplo, haber dejado que la jornada del 1 de octubre transcurriese con normalidad y en paz, como ya había ocurrido el 9-N, también con más de dos millones de votantes; o, por ejemplo, abriendo la mesa de diálogo que más pronto que tarde deberá abrir.

También la opción de las querellas fue desproporcionada, efectivamente, por las imputaciones de los actos de sedición y rebelión, con todo lo que ello implica y, específicamente, sus consecuencias penales. Voces autorizadas no precisamente del campo independentista han cuestionado esta imputación. La última voz que ha sembrado dudas sobre las imputaciones de rebelión ha sido la de Felipe González. En 1995, cuando se reformuló el tipo penal de rebelión, el ponente de la reforma del Código Penal por el PSOE, Diego López Garrido, ya apuntó en esa dirección. Y es que ese tipo penal exige la existencia de violencia y si alguna característica define el movimiento soberanista catalán, a sus dirigentes, a sus bases y a sus actuaciones concretas es el pacifismo y la no violencia. Cualquier observador neutral lo ha podido acreditar durante estos años. El 1 de octubre, la violencia que horrorizó a Europa vino de las fuerzas de seguridad del Estado, no vino de quienes reivindicaban las urnas. Pretender imputar sedición y rebelión al pacifismo del movimiento soberanista catalán es una patada a la democracia. Las ideas se combaten con ideas y no con represión.

Pero la desproporción  y la injusticia también tienen que ver con las decisiones tomadas de ingreso y mantenimiento en prisión provisional para Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, el vicepresident Junqueras y el conseller Forn. Las dudas sobre el respeto a derechos fundamentales en las decisiones adoptadas para encarcelarlos  y mantenerlos  en prisión son demasiado evidentes para pensar que no van a acabar en un severo rapapolvo a la democracia española; por ello, habrá que ver en su momento qué dictamina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como han apuntado diversos juristas, es evidente que las restricciones al ejercicio de sus derechos como diputados también lesionan los derechos de sus electores a ser representados por estos  diputados.

La suma de todo es un colosal despropósito, que además no ha resuelto nada y que ha enconado todavía más, si cabe, el conflicto político.

Publicat originalment a El Siglo de Europa

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